Estados Unidos y Venezuela alcanzaron un acuerdo petrolero anunciado el viernes 28 de agosto de 2026, mediante el cual empresas vinculadas con Washington obtendrán el control mayoritario sobre más de 65 mil millones de barriles de reservas probadas venezolanas. El pacto contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos y busca reactivar la industria petrolera del país sudamericano.
La operación involucra al presidente estadounidense Donald Trump y a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Trump presentó el convenio como un acuerdo histórico, mientras que el gobierno venezolano sostuvo que conservará la propiedad y la soberanía sobre sus recursos naturales.
Un convenio petrolero con vigencia de 25 años
El proyecto tendrá una duración inicial de 25 años e incluye 17 campos petroleros, además de ocho bloques considerados nuevas áreas de desarrollo dentro de la Faja Petrolífera del Orinoco. El objetivo anunciado es elevar la producción venezolana a más de 1.5 millones de barriles diarios mediante inversión privada, tecnología y capacidad operativa.
Las reservas involucradas representan alrededor de una quinta parte de las reservas probadas de Venezuela, estimadas en más de 300 mil millones de barriles. La dimensión del acuerdo coloca al petróleo venezolano en el centro de la estrategia estadounidense para ampliar el suministro energético y recuperar una industria afectada por años de sanciones y falta de inversión.
Rodríguez afirmó que Venezuela recibiría 19 dólares por cada barril producido y vendido, tomando como referencia un precio promedio de 65 dólares. Bajo ese esquema, el Estado venezolano conservaría cerca de 29 por ciento del valor de referencia, mientras que la participación estadounidense alcanzaría aproximadamente 71 por ciento.
El gobierno venezolano calcula que el acuerdo podría generar alrededor de 209 mil millones de dólares en ingresos fiscales durante sus 25 años de vigencia. Por su parte, funcionarios estadounidenses han señalado que el convenio podría atraer cerca de 100 mil millones de dólares en inversión privada y contribuir a la reconstrucción de la economía venezolana.
Sin embargo, Trump no ha detallado públicamente la estructura jurídica del convenio, las empresas participantes ni el mecanismo mediante el cual se ejercerá el control mayoritario sobre las reservas. Esos elementos serán determinantes para conocer el alcance real de la operación y sus efectos sobre la soberanía energética de Venezuela.