La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acumuló 370 reformas entre 2011 y el 2 de junio de 2026, frente a las 503 modificaciones registradas entre 1917 y 2010, informó el profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, Francisco Burgoa Perea, durante una conferencia organizada por el Museo de las Constituciones.
El académico calificó como una “gran avalancha” el número de cambios constitucionales aprobados durante los últimos 15 años y consideró que el ritmo de modificaciones ha sido considerablemente amplio en comparación con el periodo anterior.
Burgoa Perea señaló que actualmente sólo 17 de los 136 artículos de la Carta Magna mantienen su texto original, lo que representa 12.5 por ciento. En contraste, 119 artículos, equivalentes a 87.5 por ciento, han sido modificados desde la promulgación de la Constitución de 1917.
Reformas constitucionales y derechos humanos
Durante la conferencia “15 años de reformas constitucionales: derechos humanos y Poder Judicial. Panorama histórico y actual”, el especialista recordó que en 2011 se aprobaron cambios relevantes en materia de amparo y derechos humanos.
Entre sus efectos se encuentran la incorporación del principio pro persona, el control de convencionalidad y el reconocimiento de derechos humanos provenientes tanto de la Constitución como de tratados internacionales suscritos por México.
El constitucionalista destacó que las reformas también han ampliado el catálogo de derechos sociales, entre ellos los relacionados con las personas adultas mayores, las personas con discapacidad y los jóvenes. Sin embargo, advirtió que el reconocimiento de derechos requiere mecanismos eficaces para garantizar su cumplimiento.
El debate sobre la reforma judicial
Otro de los temas abordados fue la reforma al Poder Judicial, cuyo objetivo es establecer la elección mediante voto popular directo de jueces, magistrados y ministros.
Burgoa Perea sostuvo que continúa abierto el debate sobre si este modelo mejorará el sistema de justicia y garantizará por sí mismo un mayor acceso a ella. También planteó que quienes imparten justicia deben responder a la Constitución, las garantías fundamentales y las leyes, no a favores políticos ni a criterios de popularidad.
La conferencia permitió revisar el ritmo de transformación de la Carta Magna y los retos que implica mantener vigentes sus derechos y procedimientos en un contexto de reformas constantes.