La Armada Argentina presentó una denuncia ante la Justicia Federal por 645 acreditaciones presuntamente indebidas de salarios, realizadas entre julio de 2022 y enero de 2026, por un monto de 981 millones 148 mil 567 pesos. Las operaciones habrían beneficiado a 23 personas, entre militares en activo y retiro, personal civil y cuatro individuos sin vínculo laboral con la institución.
El caso fue detectado durante una revisión interna iniciada en febrero de 2026 y quedó bajo investigación del Juzgado Federal número 2. La denuncia fue presentada por Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera de la fuerza naval, quien solicitó determinar las responsabilidades penales correspondientes.
Detectan modificaciones en archivos de pago
De acuerdo con la presentación judicial, las irregularidades no corresponderían a simples errores administrativos. La hipótesis es que los archivos utilizados para ordenar los pagos bancarios fueron modificados después de los controles ordinarios y antes de ser enviados al Banco de la Nación Argentina.
La revisión encontró diferencias entre las liquidaciones oficiales, los recibos de sueldo y los montos transferidos. Según la denuncia, algunas acreditaciones no contaban con respaldo en haberes legítimamente liquidados o superaban los importes que correspondían a los beneficiarios.
Cuatro personas ajenas a la Armada recibieron 434 millones de pesos
Entre los datos incluidos en la investigación destaca el caso de cuatro personas que no tenían relación laboral con la Armada. En conjunto, habrían recibido 184 acreditaciones por 434 millones 200 mil pesos, equivalente a cerca de 44 por ciento del monto total documentado.
La principal beneficiaria identificada fue María del Carmen Prieto, quien habría recibido 46 acreditaciones por 152 millones 259 mil pesos. La denuncia señala que es esposa de Ariel Baltasar Atanasoff, quien estaba encargado de supervisar directamente la liquidación de sueldos.
Según el expediente, Atanasoff reconoció que conocía las operaciones y que las acreditaciones se realizaban manualmente. También habría señalado que decidía los beneficiarios y los importes involucrados, aunque la investigación judicial deberá establecer el alcance de su participación y la responsabilidad de las demás personas señaladas.
La investigación continúa
La documentación indica que los beneficiarios restituyeron total o parcialmente parte de los recursos. Las devoluciones verificadas suman 42 millones 600 mil pesos, por lo que permanecen pendientes alrededor de 938 millones 600 mil pesos del monto inicialmente observado.
A partir del hallazgo, la Armada modificó el circuito de pagos y separó las funciones de liquidación, acreditación y conciliación bancaria. La Justicia Federal deberá determinar si existió un esquema deliberado, identificar a todos los responsables y establecer el monto definitivo del posible perjuicio.