Estados Unidos impuso el jueves 3 de septiembre de 2026 nuevas sanciones contra Fidel Ernesto Castro Calis, nieto del expresidente cubano Raúl Castro, y cinco entidades estatales vinculadas con la banca, la energía y la minería de Cuba.
La medida fue aplicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense, que incorporó a Castro Calis y a las entidades en su lista de Nacionales Especialmente Designados. La decisión forma parte de la estrategia de presión de Washington contra el gobierno cubano.
Las personas y entidades sancionadas
- Fidel Ernesto Castro Calis, ciudadano cubano nacido el 16 de mayo de 1995 y vinculado por las autoridades estadounidenses con Alejandro Castro Espín.
- Banco Exterior de Cuba, institución financiera estatal con operaciones de banca corporativa y comercio exterior.
- Comercial Cupet S.A., dedicada a la comercialización mayorista de combustibles.
- Empresa de Servicios Comandante René Ramos Latour, conocida como Nicarotec, relacionada con actividades de apoyo a la minería.
- Empresa Importadora de Abastecimiento para el Petróleo, conocida como Abapet, vinculada con la importación de maquinaria y suministros para el sector petrolero.
- Empresa Importadora y Abastecedora del Níquel, conocida como Cexni, relacionada con el suministro de equipos para la industria del níquel.
La designación de Castro Calis se realizó bajo la Orden Ejecutiva 14404, que permite sancionar a familiares adultos de personas previamente incluidas en las medidas estadounidenses. Alejandro Castro Espín, padre de Castro Calis, ya había sido sancionado por Washington.
Las sanciones bloquean los bienes y los intereses en bienes que las personas o entidades designadas tengan bajo jurisdicción estadounidense. También prohíben que ciudadanos y empresas de Estados Unidos realicen operaciones con los sancionados, salvo que exista una autorización específica.
El paquete impacta sectores considerados estratégicos para la economía cubana, entre ellos el financiamiento, la importación de suministros petroleros y la producción de níquel. La medida ocurre mientras Cuba enfrenta una crisis energética marcada por apagones y dificultades para mantener en operación su infraestructura.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, rechazó las nuevas sanciones y las calificó como una forma de castigo colectivo contra la población. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, defendió la decisión y acusó a integrantes de la élite cubana de beneficiarse de redes financieras vinculadas con el gobierno.